El día martes 21 –dice Jaime Torres Bodet en sus Memorias, Años contra el Tiempo, cap. III- me llamó el presidente para proponerme la titularidad de la SEP. Yo era subsecretario de Relaciones Exteriores. El 22 salió en los diarios la renuncia obligada del xalapeño Octavio Véjar Vázquez. El 23 se hicieron ajustes en el personal de la secretaría  y el 24 de diciembre de 1943 tuve dos principales actividades: 1) Por la mañana asumir el cargo de Secretario de Educación Pública y 2) por la tarde inaugurar el Congreso Nacional de Unificación Magisterial en el que nacería el SNTE porque al presidente le preocupaba ‘los contratiempos’ que podrían surgir si el magisterio no se ponía de acuerdo para unificarse, fundar el SNTE y elegir a su secretario general nacional.

Finalmente el propio gobierno eligió uno en la persona del funcionario público Luis Chávez Orozco, primer secretario general, que a poco tiempo renunció hastiado de las grillas del Comité Ejecutivo Nacional y porque no quería ser diputado ni senador ... ni líder del SNTE.

Historias semejantes debe haber en las restantes dependencias gubernamentales federales para quienes se creó el especial Estatuto Jurídico y después la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El artículo 42 ¡bis! de esta ley y otras leyes complementarias habían eximido al aguinaldo y a las primas vacacionales de descuentos por impuestos. Dice este artículo que se paguen como aguinaldo “cuarenta días de salario cuando menos, sin deducción alguna”. Y estas tres últimas palabra son las que borró la Corte.

La razón del aguinaldo y primas sin impuestos era obvia: los gobiernos de la revolución habían hecho con los trabajadores un pacto de sangre: Del gobierno hacia ellos una protección especial (el apartado B del artículo 123 constitucional) y de los trabajadores hacia el gobierno, lealtad, pero sobre todo, voto a favor del PRI, voto apremiado por las sucesivas dirigencias de los sindicatos. Antes del PRI, Carranza había pactado algo similar con la Casa del Obrero Mundial mediante 8 breves artículos convenidos en febrero de 1915.

Pero –nacido antirrevolucionario en 1939- el PAN toma posesión de la presidencia de la república en diciembre de 2000 y las cosas empiezan a cambiar. Murió la Revolución Mexicana y tomaron el poder los opositores a esa revolución permisiva con obreros, campesinos y burócratas. Hurgando entre los papeles que dejaron los priístas en los cajones de los escritorios de Los Pinos, los panistas hallaron que el Procurador General de la República (le tocó a Macedo de la Concha) podía denunciar la inconstitucionalidad de que todos pagan impuestos en aguinaldo y primas vacacionales pero no los burócratas gracias a un regalo del PRI a través de un asterisco en la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Presentada la queja en enero de 2003 la Suprema Corte de Justicia anunció en mayo último que efectivamente era inconstitucional que los burócratas (membresía del SNTE incluida) no lo pagaran y que a partir de ese momento debería ocurrir el descuento. Para el próximo aguinaldo ya no habrá los 40 días reglamentarios en los bolsillo de los trabajadores del Estado. El descuento convertirá a esa prestación en un aguinaldo de 30 o 35 días. La FSTSE (que agrupa a los sindicatos del gobierno y que normalmente no sirve para nada sino para lanzar diputados y senadores) avisó de que se ha sentado con el gobierno a buscar maneras de minimizar el impacto económico. El PAN en el gobierno recortará lo que pueda recortar. Ya hay la idea de contabilizar ¡las propinas de los meseros! para que también paguen impuestos. (Una nota periodística del 24 de junio último refiere cómo TELMEX sigue sin pagar impuestos por el uso de la vía pública por parte de sus casetas telefónicas).

Yo entiendo que la situación del SNTE es especial por la reglamentación que nos rige. Se sabe que somos -o éramos- trabajadores del gobierno federal sólo que desde 1992 la mayoría del SNTE pasó a tener como jefes a los gobierno de los estados. La dirigencia del SNTE y sus secciones deben dejar claro si esta decisión de la Corte afecta a todo burócrata nacional o sólo a los federales dado que el impugnador fue el Fiscal Federal. Si fuese así, los empleados de los estados (la mayor parte de la membresía del SNTE) no se verían afectados porque los patrones son los gobernadores locales.

Es el punto que queda por aclarar antes de que llegue el pago del primer aguinaldo.