CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
El financiamiento y su correcta aplicación son factores determinantes en todas las acciones educativas, ya que los mejores esfuerzos languidecen y pueden ser inútiles si no se dispone de los suficientes recursos para ampliar, mejorar, modernizar u operar los servicios educativos
La calidad de la educación exige un elevado financiamiento. Una política que escatima recursos a la calidad de la educación genera costos mayores, no sólo de carácter económico, sino también políticos, sociales e históricos, al sistema educativo y al país. Por eso es necesario subrayar que la reprobación, la deserción, la ineficacia del aprendizaje, la baja eficiencia terminal, cursar la primaria no en seis años sino en siete, ocho años, o más, o el incremento de la población adulta que no cuenta con la educación para participar de manera calificada en la vida productiva y democrática del país, implica costos mucho mayores que la atención puntual y oportuna a estos problemas, con los recursos adecuados.
Ante la opinión pública se manejan montos totales del gasto educativo por comparación con la proporción que guardan dentro del Producto Interno Bruto o dentro del presupuesto federal. Sin embargo, lo más importante es evaluar las necesidades de financiamiento en materia educativa. Para ello, no basta extrapolar las proyecciones actuales del costo por alumno, sino afinar las previsiones en función de la especificidad de los servicios o los requerimientos necesarios para atender el rezago, la cobertura y dar un salto cualitativo en la situación de nuestra educación pública. A pesar del crecimiento de su participación dentro del Producto Interno Bruto, en los últimos años, los presupuestos actuales son notoriamente insuficientes, agravándose aún más, ante el compromiso de universalizar una educación básica de nueve años y garantizar la equidad y la calidad. Es necesario agregar, también, los costos de una educación media y superior igualmente de calidad.
A lo largo de la propuesta se señalan todos los elementos, factores y procesos que inciden en la calidad de la educación pública y el trabajo profesional de los docentes que regularmente se desconocen. Se trata de una inversión que debe trascender el mero ámbito de proporcionar instalaciones rudimentarias, distribuir libros de texto gratuitos, asignar personal y otorgar el menor sueldo posible a los trabajadores de la educación.
Todo ello significa, indudablemente, un aumento muy considerable en los montos de inversión, cuya estimación en costos reales debe partir del principio de gratuidad en el otorgamiento del servicio. Una gratuidad que, por un elemental sentido de equidad, debe apoyar también, con medidas sociales de carácter asistencial, a los educandos de las regiones, grupos étnicos o sectores sociales con menores recursos que así lo requieran, para superar los obstáculos que impiden el aprendizaje y la permanencia en la escuela y contar con las condiciones mínimas para completar con éxito la tarea educativa.
Investigaciones recientes han permitido documentar la magnitud de las aportaciones directas de los padres de familia a la operación de las escuelas públicas por la vía de cuotas, aportaciones en especie, de terrenos, mano de obra y materiales para la construcción de edificios y apoyos para el sostenimiento de los maestros. Este tipo de contribución se da de manera inversamente proporcional a las condiciones económicas socioeconómicas de las comunidades y los grupos de población: las zonas urbanas y menos necesitadas cuentan con un servicio de educación pública que no exige mayores erogaciones a los padres de familia, mientras que, en las zonas más pobres, los padres y la comunidad deben financiar aspectos básicos de la prestación del servicio. ¿Hasta dónde llega la gratuidad del servicio educativo y los apoyos asistenciales a la demanda?, es una respuesta que deberá analizarse de manera consciente y realista en el marco de la discusión nacional sobre la instrumentación de los objetivos constitucionales.
Hablar de educación gratuita no equivale a decir que la educación no tiene costos. Tiene un costo social que recae día con día en el trabajo productivo de los mexicanos, especialmente de los ingresos medios y bajos. Educación gratuita debe significar una apropiada redistribución de la riqueza nacional a través de mecanismos fiscales adecuados. Es necesario destinar más recursos a la educación, derivarlos fundamentalmente de una política fiscal pertinente, pero aprovechar también otras fuentes alternativas.
Las escuelas públicas obtiene ingresos adicionales de muy diversas maneras para hacer frente a la falta de recursos oficiales, casi siempre con resultados magros para el esfuerzo que se invierte. Lo anterior hace necesario ajustar la normatividad y los reglamentos correspondientes; evaluar la contribución efectiva de estas aportaciones y orientarlas a incidir en una mayor calidad de la educación, respetando la orientación pública y gratuita y asegurando la trasparencia y la eficiencia de su manejo. La instrumentación de los Consejos de Participación Social abre las puertas a una mayor intervención de financiamiento de origen privado, social, o por lo menos no fiscal, en la operación de las escuelas públicas. Esta medida puede conducir al pronunciamiento de las desigualdades e incluso a una privatización de la gestión de las escuelas públicas, por lo cual es necesario asegurar una regulación federal al respecto.
Uno de los aspectos que más influye en la calidad de la educación es la eficiencia, pertinencia y oportunidad en la entrega de los recursos y la flexibilidad en su manejo, lo cual requiere del diseño imaginativo de mecanismos que logren el equilibrio necesario entre el control de los recursos y el uso eficiente de los mismos.
Se debe invertir en educación, con el criterio de que es la función social de más alta prioridad para el desarrollo del país y que la designación de recursos debe hacerse tomando en cuenta las necesidades y condiciones reales para lograr la cobertura y calidad en todo el territorio nacional, solucionando los rezagos y fortaleciendo la escuela pública, con el propósito de alcanzar un sistema educativo a la altura de las necesidades y aspiraciones nacionales ante los desafíos del siglo XXI.